English
Autor : Dédalo Comunicación - Fecha : 3 Abril 2013

La energía necesaria (parte I)

España tiene pendiente una factura con el sector eléctrico. Casi 28.000 millones de euros hasta 2012 que el Estado ha reconocido como deuda, por aplicar una tarifa de la luz que no refleja el precio real de la energía. Es el famoso déficit de tarifa. El esfuerzo de devolver ese dinero recae sobre cada español, sin distinción, en forma de recargo en el recibo de la luz. La alternativa, llevarlo íntegramente a los Presupuestos del Estado, es inviable, por su impacto en las cuentas públicas y porque, de esa otra forma, también lo pagaríamos los mismos, los ciudadanos, vía recortes. El Gobierno decidió hace tiempo ‘titulizar’ esos derechos de cobro, es decir, emitir ‘papelitos’ que a su vencimiento, dan derecho a cobrar la deuda contraída por el Estado con el sector. Si las empresas quieren cobrar antes pueden poner esos papelitos en el mercado de capitales, y negociarlo como si fueran acciones o bonos… aplicándoles un descuento, para asegurar una rentabilidad al comprador.

Pero además de pagar lo que se debe, hay que evitar que la factura engorde, porque el origen del problema sigue sin resolverse, y la regulación no aclara la situación para los gobiernos venideros. De momento, la solución, dolorosa, y que ni el sector ni el Gobierno explican claramente a los españoles, es que cada vez se obligará a más consumidores a pagar la luz más cara, bien subiendo la tarifa ya regulada o bien haciendo que quienes quedan fuera de una tarifa ‘protegida’ sean cada vez más. Una ¿liberalización? que tiene algún inconveniente, la tentación natural de las empresas de ‘aprovechar’ y subir precios e intentar recuperar la caída de ingresos que les produce la crisis y la caída del consumo. La liberalización puede ser buena si el Gobierno ejerce como tal y la condiciona con  una reforma energética que ponga negro sobre blanco a qué quiere jugar este país en materia energética, y como quiere que influya nuestra factura luz y gas la recuperación económica, la productividad y la competitividad.

Bien si la reforma liberaliza el precio de la luz –pero dejando una tarifa ‘controlada’ exclusivamente para desempleados, pensionistas y personas con necesidades especiales-.Y bien si, además, se fijan obligaciones de ofertas competitivas con subvención pública. Sí, eso es una política de estímulo económico, como defiende Hollande en Francia. Es decir, ir más allá de los recortes que sanean los destrozos ocasionados por un capitalismo mal entendido, y aplicarse en estímulos para empresas en crisis, o sometidas a ajustes que, en el caso que nos ocupa, dispondrían de energía más barata a cambio de no destruir empleo o comprometerse a generarlo. Y ¿porqué no?, también una energía más barata a aquellas empresas con un proyecto emprendedor y  generador de empleo. En resumen, que si los españoles, que son los que financian el déficit, tienen que apechugar con  un recibo de la luz más caro, que sea a cambio de medidas de impacto en las que las empresas beneficiarias se comprometen a repercutir la mejora de sus ingresos en la mejora de la situación económica, vía productos más competitivos en precios, más empleo, más inversión y, por supuesto, en una política moderada de sus dividendos. Una liberalización sin más, puede ser buena para los accionistas de las eléctricas, pero no para la economía española. Que como dijo Díaz Ferrán antes de ingresar en prisión, cuando era patrón de patronos, y nadie le desmintió, “de ésta sólo se sale trabajando más y ganando menos”, a lo que habría que añadir… todos, trabajadores, y también empresarios. Algún gesto hemos visto, poniendo coto al régimen especial que tenía Endesa por dar servicio eléctrico a las islas. Pero es sólo la punta del iceberg que este Gobierno debe sacar a la luz.

Compartir En Facebook
Compartir En Twitter
Compartir En LinkedIn

Deja tu comentario