Ahogado por la caída de la demanda en vivienda, la falta de acceso al crédito, las arcas vacías en los ministerios meramente inversores y una Ley de Morosidad aprobada para no ser cumplida, el sector construcción, o mejor dicho, sus patronales, se tienen que apretar el cinturón. Se trata, sin duda, de una estrategia adecuada, aunque tardía. Y no es que lo hagan porque pretendan predicar con el ejemplo, ahora que Europa mira con lupa si seremos capaces de cumplir el déficit. Lo hacen porque en la mayoría de los casos se encuentran con unos presupuestos para afrontar el año por debajo del 50% de lo habitual en época de vacas gordas. Los problemas de liquidez de algunos de los socios y la pérdida de muchos de ellos, que se han visto abocados a presentar concurso de acreedores, son la causa de estos nuevos tiempos de dietas.
La primera en mover ficha ha sido Seopán. Con el nombramiento no retribuido de Baldomero Falcones se cierra la etapa Taguas y su más que comentado salario de 600.000 euros anuales. Está claro que en el escenario actual no es tan relevante contar con un peso pesado que tenga hilo directo con el presidente del Gobierno porque éste no va a estar para prestar atención a todas las demandas de un sector; o al menos no más de la que debe prestar a otros que tampoco están mucho mejor que la construcción y las infraestructuras. Por ello la decisión ha sido salomónica: un presidente institucional y rotativo y todo el peso ejecutivo en Julián Núñez, el que siempre estuvo tras las bambalinas trabajando en la sombra.
Ahora queda esperar para ver si ANCI, la hermana pequeña del sector, no tendrá más remedio que plegarse a los intereses de las todopoderosas, con los que nunca se sintió identificada, y unirse a Seopán, o podrá mantener su independencia. Y si para ello tendrá que adoptar medidas drásticas como la del ex ministro de Obras Públicas Coscullela, amortizando el puesto de director general de AERCO, para poder seguir teniendo voz en las principales instituciones y velar por los intereses de las empresas de obra pública.
Mientras éstas y otras agrupaciones y federaciones patronales como Oficemen, Anhefop o Cepco hacen encaje de bolillos para sobrevivir, observan con cierto alivio, aunque también con cautela, las ultimas medidas adoptadas por el Gobierno para dar un balón de oxígeno a sus socios. Así, la decisión de financiar para que los ayuntamientos puedan empezar a pagar a sus proveedores ha sido una noticia bien recibida. Eso sí, no lo ha sido tanto el hecho de que se premien las quitas voluntarias o la renuncia a los intereses, lo que desde los sectores más críticos se tacha de desleal. Sin duda, otro golpe a los flancos de la Ley de Morosidad que tanto le costó a CiU sacar adelante.
La otra iniciativa que representa una esperanza es el Plan Taguas y sus 80.000 millones de inversión a cinco años en infraestructuras. Tras su salida de Seopan, se desconoce si la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE, creada por el todopoderoso Taguas, como un golpe de efecto a la CNC, su presidente Lazcano y su Comisión de Infraestructuras, seguirá existiendo; pero antes de marcharse, el ex asesor financiero de Zapatero ha tenido tiempo para echar un órdago al Gobierno y mostrarle que hay margen para la inversión.
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