Continuamos esta semana profundizando de la mano de Maite Arcos en el impacto y los efectos de un intangible tan valioso como la reputación. Si en el anterior post nos centrábamos en las empresas le toca el turno ahora a las instituciones.
No sólo las empresas, también las instituciones
Hace bastantes años me invitaron a participar en un programa de asistencia técnica por un país aspirante a adherirse a la Unión Europea. Durante mi intervención ante un grupo de profesionales del regulador de telecomunicaciones traté de hacer hincapié en la importancia de la reputación del regulador. De ella dependía en gran medida el cumplimiento de la normativa en primera instancia, sin necesidad de dedicar recursos a conflictos en tribunales, sanciones, etc.
En un momento dado, dije que la reputación es tan importante que si no hay confianza en que la institución es capaz de garantizar el cumplimiento de una norma, es preferible no aprobarla. En ese momento se generó un murmullo creciente entre los asistentes que me desconcertó. Más tarde me explicaron que ese regulador acababa de ver cómo el Gobierno destituía al anterior presidente y nombraba en su lugar al, hasta el día anterior, máximo ejecutivo del exmonopolio de telecomunicaciones. Y lo primero que hizo fue revocar la sanción impuesta a la empresa para la que había trabajado. En un segundo arruinó la reputación y la imagen de independencia del regulador.
Si pensásemos más en el valor de la reputación, haríamos las cosas de otra manera
No se dan esos sucesos en España, pero tampoco estamos exentos de decisiones que dañan la reputación de las instituciones regulatorias. Con efectos negativos directos sobre las empresas. Las agencias de rating, cuya calificación tiene un impacto directo en la cotización bursátil y el coste del capital para las empresas, toman en consideración la antigüedad de las instituciones como variable proxy de su confiabilidad. En esa línea, nuestro regulador sectorial, la CNMC, “penaliza” el rating de las empresas sometidas a su supervisión simplemente porque tiene un historial muy corto. Nació en 2013 cuando los responsables políticos del momento consideraron necesario fusionar los anteriores reguladores sectoriales. De no haber sido así, los reguladores sectoriales (CMT, CNE, etc) contarían con un historial mucho más largo y estable. Y las agencias de rating valorarían de forma más positiva las empresas reguladas.
En definitiva, suscribo y me remito a las reflexiones de Buffet: si pensásemos más en el valor de la reputación, haríamos las cosas de otra manera.
Maite Arcos, consultora experta en digitalización
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